29 Jun

Viviendas de Interés Prioritario y seguridad (Colombia)

Hace unos días escribíamos sobre la necesidad de que Perú estructurase su oferta de vivienda social para poder resolver mínimamente el problema que supone su déficit de vivienda de 1,9 millones. Decíamos que hacen falta acuerdos con grandes promotores, que acometen proyectos de volumen, porque la producción simultánea de un número alto de viviendas permite abaratar costes y atender a más personas con problemas de una vez.

 

El gobierno colombiano ha tomado de hecho esa vía en cuanto al Programa “Cien Mil Viviendas Gratis” —o cien mil viviendas subsidiadas al 100%— que el presidente Santos lanzó en junio de 2012. En 2013 se entregaron las primeras viviendas y en noviembre de 2015 la número 100.000, en un total de 283 proyectos. La inversión que se realizó —Diario El Tiempo 26-11-2015— se acercó a COP 4,4 billones (COP 4.400.000.000.000, USD 1.475 millones de hoy). Lo que da un precio unitario de COP 44.000.000 ó USD 14.755, que suena como que se ha construido de forma eficiente si las calidades cubren mínimos.

 

Si como parece el sistema de selección funcionó de forma aceptable y las familias beneficiarias estaban realmente necesitadas, no cabe sino dar el visto bueno a la medida, aunque la idea del “gratis total” es algo que tal vez merezca algo más de reflexión.

 

Uno de los proyectos incluidos de dicho programa fue la urbanización Villa Santa Fe de Antioquía en Medellín, de 512 viviendas. En la que el bienestar de los habitantes se ha visto nublado por las exigencias de un grupo armado que exige cobrar por la “seguridad” del proyecto. Pura extorsión. Y que además, según leemos —Semana, 12-12-2015—, se ha extendido al vecino complejo “Territorio Robledo”, que incluye 3.200 viviendas en venta, desarrolladas por una alianza entre el fondo Terranum Capital Real Estate Fund I y Acierto Inmobiliario en sucesivas fases.

 

Hemos visto ya algunos casos en los que situaciones de este tipo tienen un enorme efecto perturbador para la buena convivencia de sus residentes y producen una gran destrucción en el valor inmobiliario. Casi nos atrevemos a decir que “en el presupuesto de obra debería ya ir incluida la seguridad”, aunque estamos conscientes de la complejidad del problema. Pero debería atajarse de raíz.

 

Hace unos años cuando visitamos Nápoles pasamos frente a una urbanización junto a cuya verja de entrada se sentaba un viejito en una silla de anea, bastón en mano. Nuestro acompañante italiano nos explicó que era el “responsable de seguridad” de aquellas casas. Ante nuestra extrañeza por la fragilidad de aquel anciano frente a tal cometido, nos aclaró: “no importa, todo el mundo sabe a quien representa el viejo…”.

 

Sobra decir que estábamos en la zona de la “Camorra”, la famosa mafia napolitana. Eso es precisamente lo que hay que evitar, porque el atraso del sur de Italia no es casual.

 


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