08 Jun

Las brechas de infraestructuras y tributos (Perú)

Decía Pedro Pablo Kuczynski del PPK hace unos días que Perú tiene posibilidades de “levantar” con facilidad USD 5.000 millones para dedicarlos a paliar el déficit de vivienda social que sufre el país. Forma parte del lenguaje electoral que es razonable en estas fechas, pero la verdad es que también es cierto. Porque Perú tiene todavía un nivel de endeudamiento público exterior muy contenido (USD 70.153 millones en enero de 2016 según el Banco Central de la Reserva del Perú), que representa no mucho más del 20% de PIB del país. Envidiable para muchas economías desarrolladas. Luego añade Kuczynski que la necesidad para infraestructuras es mayor, cifrándola en USD 15.000 millones/año, que cree que se pueden conseguir en buena parte a través de alianzas público privadas.

Esa segunda parte la tenemos menos clara. No tanto en la cantidad cuanto en la forma de obtenerla. Fuad Khoury, Contralor de la República, estima que la brecha en infraestructuras (suma total de necesidades sin cubrir) es de S/ 280.000 millones (USD 83,271 millones), con lo que a USD 15.000 millones/año sí es cierto que no haría falta ir mucho más allá del 2021 (fecha simbólica del bicentenario del país), pero el problema que vemos es que mucha de la infraestructura básica necesaria no va a ser posible financiarla por “apps”.

Los cuatro frentes que contempla el estudio “Efectividad de la inversión pública a nivel regional y local”, realizado por la Contraloría General de la República son Transporte, Salud, Educación y Agua y Saneamiento, que suponen el 36,5%, 19,2%, 22,7% y 21,6% respectivamente de la brecha total. Y salvo en Transporte, que serán proyectos que la iniciativa privada pueda entender más, en el resto no vemos otra solución que dinero público. Y aún en Transporte, en que la necesidad se centra en el mero asfaltado de carreteras principales entre las cabezas de cada región y poblaciones secundarias (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Ucayali están al 100% en tierra) seguramente deberán ser también en plan público.

En el resto, más número de camas hospitalarias, más escuelas con los servicios básicos (en algunas zonas más del 60% o 70% carecen de ellos) y entregar agua de calidad adecuada a los hogares (de nuevo en muchas zonas la calidad es muy baja (en Ucayali sólo el 7% recibe agua de calidad, en Pasco el 3%). Vale que algunas son regiones o remotas o de poca densidad de población, pero la obligación es la misma. Y la Contraloría extiende el cierre de la brecha más allá de 2030 y en el caso del sistema sanitario hasta el 2050.

Al leer sobre esta brecha, que ineludiblemente Perú deberá resolver si el país quiere ser justo frente a muchos de sus habitantes más necesitados, hemos querido comprobar la otra cara de la moneda. Que es la brecha en la tributación, que está muy basada en el IVA y en la imposición directa. La imposición a nivel personal y las contribuciones para seguridad social siguen siendo bajas, lo que hace que la progresividad del sistema en su conjunto no sea suficiente. Y la recaudación, en consecuencia, también baja.

En 2010 estimaba la OCDE que la recaudación tributaria con respecto al PIB era en Perú (en torno al 17%) aproximadamente el 50% que en los países de la OCDE (casi el 35%). Algo es posible que haya mejorado estos años, aunque sospechamos la proporción seguirá siendo parecida. En formalizar la economía y favorecer la prevalencia de los impuestos personales está la otra batalla que habrá que dar, para poder financiar las infraestructuras.

Y naturalmente, si no se mejora la gestión y se controla la corrupción (entre 2009 y 2014 se estima que la corrupción costó S/ 7.000 millones en las adjudicaciones directas), ambas batallas se van a perder.

Ahí tiene su principal ocupación el candidato que gane en la segunda vuelta, que mientras escribimos estas líneas no se conoce oficialmente.

 


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