21 Dic

La informalidad: 600.000 viviendas secuestradas en Perú

Hoy leemos “al alimón” de una parte, sendos artículos de Eduardo Morón -presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros- y de Pablo Lavado, profesor de la Universidad del Pacífico ambos sobre la informalidad laboral en Perú y de otra, una entrevista a Gustavo Rizo-Patrón, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, sobre el déficit de vivienda en Perú. Sin duda los dos mayores problemas de la sociedad peruana, en cuanto al bienestar de sus ciudadanos y freno para un desarrollo económico mayor y más equitativo. Y que son en buena parte dos caras de una misma moneda.

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Inmobiliari y el riesgo de las viviendas en construcción (Perú)

Entre los tres nos descubren una cuestión interesante. De una parte, mientras la pobreza extrema se ha reducido desde el 60% al entorno del 20% y se ha creado una frondosa (el término es de Morón) clase media, la informalidad en Perú se ha mantenido prácticamente estable en los últimos 10 ó 15 años, en torno al 80%. Lavado, que cifra la informalidad en el 75% en 2012 (-0,75% respecto a 2005), nos aclara en este gráfico la situación:

 

perú viviendas secuestradas 3

 

Lo que dice, coincidiendo con Morón, es que de acuerdo con su PIB per cápita del Perú, que cifra en USD 11-12 mil, la tasa de informalidad en base a los estudios del Banco Mundial debería situarse en el 55% a 60% de la población. O sea 15% a 20% menos de la que existe. O sea 2.500.000 personas, cuya ocupación debería estar formalizada.

 

El porqué esto está sucediendo, cuáles son los factores que limitan en Perú la formalización de muchos trabajos y cómo se puede remediar son cuestiones clave. Según Morón, aparte de que los sucesivos gobiernos no han tenido esta transformación social entre sus prioridades, el sistema tiene lo que denomina un “sesgo anti-empleo formal”: la financiación de las políticas de seguridad social -salud, educación, pensiones- grava sobre todo el trabajo formal. Y a ello se suman los costos relacionados con la posibilidad de despedir trabajadores (con la que tanto se ha luchado en España, desde donde escribimos). Deberían gravar a la totalidad de la población a través de impuestos indirectos.

 

Consecuencia de esos costes impositivos y de su baja productividad, las empresas informales, sobre todo las micro-empresas (Transporte, Comercio, Agro y Pesca, Restaurantes), buscan ahorrar costes, aunque sea a base de renunciar a las citadas protecciones básicas en cuanto a salud, educación o pensiones. Podrían ser atraídas a la formalidad, con incentivos en capacitación, fomento de la enseñanza secundaria (el 65% de los egresados pasa directamente al mercado laboral formal), disminución del Impuesto sobre la Renta para las pequeñas empresas, planes de Salud o Desempleo cofinanciados entre empresa, trabajador y Estado o simplificación administrativa general y en la contratación de personal en particular. Hay que hacerlo.

 

La Informalidad tiene secuestrada demanda para 600.000 viviendas

 

Lo que Rizo-Patrón, como desarrollador, detecta correctamente es que, si se consiguiera simplemente llevar a Perú al nivel de informalidad “que le toca” (55% al 60% en lugar del 75%), una parte del déficit se resolvería, porque la gente con trabajo formalizado tendría acceso al crédito. Según él, el plan de vivienda de 2002 se orientó a la vivienda para la clase media, por parte de la que existía demanda, “donde la gente tenía ahorro y una boleta de pago que podía demostrar ante el banco. Esa clase media adquirió vivienda, pero no medimos nunca que venía una clase que extendía su capacidad económica, pero vía el segmento informal. Había liquidez, pero no forma de demostrar ingresos, ni ahorro. Entonces, ¿cómo con un modelo tradicional enfocas algo que no es tradicional? Ése es el gran problema que tenemos que resolver. Sí estamos de acuerdo con el Estado en que hay que formalizar y la manera de hacerlo es a través del ahorro. Y eso es algo que el Gobierno no está haciendo”.

 

La cuestión en cuanto a medidas a tomar es más compleja de lo que resume Rizo-Patrón, pero el fundamento es el mismo: la informalidad tiene secuestrada una elevada proporción de la demanda latente de viviendas de clase media que son, creemos, las que los desarrolladores saben o quieren sobre todo hacer. Desatascar la demanda de esas 600.000 ó 700.000 familias que podrían ser compradores, es el reto. El Gobierno debería ponerse a ello.

 

Lo del leasing inmobiliario, coincidimos, no nos parece una solución. Y lo del 25% de las AFP un parche temporal, para unos pocos. Con todo respeto.

 

Y seguirá quedando un 55% por debajo -los que seguirán en la informalidad en cualquier caso hasta que la riqueza vaya creciendo-. Y seguirá habiendo que resolver  sus necesidades de vivienda. 71 años hacen falta, dice el presidente de ADI…

 

 


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