30 Mar

Certificación medioambiental… ¿pero cuánto consume mi edificio?

En los últimos años están proliferando y aumentando de forma exponencial las acreditaciones medioambientales en edificios, en especial en los de oficinas. A nadie se le escapa que parte relevante de la motivación de llevar a cabo una certificación medioambiental es poderse distinguir del resto y, con ello, aumentar el valor patrimonial de los inmuebles, tanto en la venta como en el alquiler.

Sin embargo, la finalidad primera de cualquier certificación medioambiental —y nos referimos tanto a las privadas (LEED o BREEAM, por ejemplo) como a las normativas de obligado cumplimiento (CTE, por ejemplo)— es establecer el comportamiento fehaciente de un edificio.

Entonces, ¿por qué se están haciendo tan populares las calificaciones y, a su vez, existe un desconocimiento absoluto de los consumos reales que tienen los edificios?

Teniendo en cuenta que la factura energética es el segundo coste de operación de los edificios terciarios, ¿no valdría la pena saber en qué consumos se traduce una determinada certificación medioambiental, más allá del valor que aportan por sí mismas?

 

La certificación medioambiental; una medición compleja

En la certificación medioambiental y energética, parte de los indicadores obedecen a criterios fijos —si el edificio tiene plazas de aparcamiento para bicicletas, o si las soluciones de huecos tienen cierto grado de permeabilidad, por ejemplo— que se traducen en puntos o cumplimiento normativo de forma booleana (sí o no).

Sin embargo, otros indicadores dependen de criterios variables que cambian con el tiempo, como las condiciones climáticas, la ocupación del edificio, los horarios de uso u otros. Ello hace que sea complicado valorar de forma fehaciente estos indicadores, hecho que se suele solucionar “fijando” estas variables (horarios tipo, usos tipo, etc.). Éste es un primer punto que “complica” la traducción de los resultados obtenidos a la realidad.

Cómo ejemplo de ello, la iniciativa de Carbonbuzz que, participada por organismos competentes y de amplio espectro en el sector de la edificación, intenta dimensionar la distancia entre los consumos energéticos reales y predichos en fase de diseño, según las diferentes tipologías de edificios. Sin profundizar en ello (que daría para otro artículo), sirva de referencia que en edificios de oficinas se estima que los consumos reales de energía son un 45% más elevados que los estimados en fase de proyecto (para una muestra de más de 200 casos en Europa).

Simplificando el problema

Sin embargo hay otro factor que, a pesar de tener sus inicios en una forma de popularizar los datos, puede convertirse en un elemento que vaya en contra del conocimiento real. Nos referimos a valorar el comportamiento en valor relativo, esto es, compárandolo con un caso de referencia, en lugar de hacerlo en términos absolutos.

De esta forma, cuando se habla de un edificio letra A o acreditado LEED Platinum, realmente se está dando una valoración de qué tan bueno es el edificio en comparación a otro de referencia, y no un valor absoluto. Nuevamente éste es un impedimento para conocer el comportamiento real de los edificios acreditados y, con ello, su factura energética.

A nivel normativo, en la actualización de la propia Directiva Europea del Comportamiento de la Edificación (EPBD en sus siglas en inglés), se incita a los Estados Miembros a regular el diseño energético de los edificios en valor absoluto. En España, esto se ha empezado a aplicar desde 2013 (actualización del Código Técnico de la Edificación), exigiendo unos valores límite a los edificios, aunque de momento sólo para usos residenciales.

Igualmente, y para los denominados edificios de energía cero (NZEB en sus siglas en inglés) —que muy pronto serán obligatorios, en 2021— la mayoría de estados miembros están definiendo valores absolutos máximos (o en consumo, o en emisiones), superando las calificaciones por letras. De momento, no queda claro si España seguirá la dinámica general.

Y entonces, ¿en qué quedamos?

Parece sensato concluir que las distintas acreditaciones reflejan, a lo sumo, el potencial de los edificios considerado de forma acotada (por ejemplo, sin valorar consumos de equipamientos como ascensores u ordenadores) y que éste no tiene por qué coincidir con la factura real; ¿no se debería pues hacer un mayor esfuerzo por distinguir entre lo potencial y lo real?

La buena noticia es que sí existen herramientas objetivas mediante las que contextualizar una determinada certificación medioambiental; desde los datos estadísticos reales, a los análisis de facturas comparadas (benchmarking), o las auditorías energéticas para edificios existentes —y de actualidad después de la aprobación del RD 56/2016—, pasando por las acreditaciones provisionales a confirmar según comportamiento real en los primeros años (para edificios de nueva planta).

De momento nos quedamos con la importancia de la certificación medioambiental así como con la necesidad de producir datos objetivos y absolutos.


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